El Consejo de Ministros ha aprobado en su reunión extraordinaria de este viernes un real decreto ley por el que se traspone la directiva con la que se crea el segundo mercado europeo de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (esencialmente, CO2) que afectará al transporte por carretera y a los edificios (con consumos de gas natural para calefacción y aire acondicionado).
Este mercado, denominado European Union Emissions Trading System 2 (ETS2, en sus siglas en inglés), se suma al que funciona desde hace más de 20 años, el ETS1 (que afecta a la gran industria y la aviación), y que ahora se extiende a sectores que estaban exentos (coches y edificios) y cuyos sujetos obligados serán las comercializadoras de carburantes, las de gas natural y las refinerías. Estas empresas pagarán derechos en función de las emisiones que emitan los productos que vendan o refinen y que trasladarán al precio final de los usuarios. Al ser materialmente imposible imponer la compra de estos derechos a millones de hogares o de vehículos que utilizan gas o carburantes, la obligación será de los suministradores.
Tal como había adelantado este viernes Cinco Días, ante el bloqueo sufrido por el proyecto de ley remitido por el Gobierno al Congreso para trasponer una directiva que se remonta a 2023, el Ejecutivo estudiaba la posibilidad de incluirlo en un real decreto ley a la vista de que la Comisión Europea tiene previsto celebrar la primera subasta de derechos de CO2 en enero y evitar que España se quede sin las ayudas para consumidores vulnerables incluidas en Fondo Social del Clima, un mecanismo ligado al ETS2 y que prevé movilizar más de 80.000 millones de euros entre 2026 y 2032, que dependerá del precio.
Finalmente, el Consejo de Ministros, ha dado vía libre a dicho decreto ley, que, de ser convalidado, le evitará futuras sanciones por omisión de trasposición y permitirá disponer de dichos fondos, que se financiarán con los ingresos de las subastas y la cofinanciación de los Estados, en un 25%. España podría recibir más de 6.800 millones en dicho periodo, a los que hay que sumar la recaudación de las subastas.
Según un comunicado de prensa remitido por el Ministerio de Transición Ecológica, el ETS2 amplía el principio de “quien contamina paga” a nuevos ámbitos de actividad que hasta ahora no estaban incluidos en el régimen general de comercio de derechos de emisión. Y recuerda que “el sistema no establece obligaciones directas para los consumidores finales, sino para las entidades que comercializan y ponen los combustibles a disposición de los usuarios”.
Tramitación atascada
En junio de 2024 el Gobierno envió al Congreso el proyecto de ley por el que se trasponía la directiva de creación del ETS2, pero quedó paralizado tras recibir multitud de enmiendas de los partidos de la oposición, algunas a la totalidad. Y, aunque los grupos parlamentarios del PSOE y Sumar decidieron tramitarlo posteriormente como una proposición de ley, esta también decayó tras la convocatoria de elecciones anticipadas, que se celebrarán el 29 de noviembre.
Tras aplazar la aplicación a 2027 (inicialmente, estaba prevista para este año), Bruselas fijó el inicio definitivo de las obligaciones de compra en 2028, para liquidarlas en 2029. Sin embargo, ya en 2027 la Comisión Europea emitirá, a través de distintas subastas, los primeros derechos para cubrir las emisiones de 2028, año en que las operadoras trasladarán estos costes al precio final. En cualquier caso, las empresas ya están obligadas a monitorizar y reportar sus emisiones, aunque no deban comprarlas hasta 2028, con informes anuales de emisiones verificadas entregados cada mes de abril. Como señala Transición Ecológica, en 2027 “deberán realizar el seguimiento y la notificación de sus emisiones y, ya a partir de 2028, entregar los correspondientes derechos de emisión”.
En un principio, las subastas servirán para crear un mercado primario al que pueden acudir los operadores, que, posteriormente, podrán venderlos y comprarlos en un posterior mercado secundario. Se trata de emitir los derechos suficientes para que haya liquidez en el nuevo mercado antes de 2028. De no trasponerse la directiva, las empresas españolas quedarían en una situación de riesgo, pues no podrán acudir a las subastas.
Para evitar una subida brusca del precio, el nuevo ETS2 incorpora una reserva de estabilidad del mercado, según la cual, la Comisión puede liberar derechos si el precio de referencia supera los 45 euros/tonelada o sube demasiado en poco tiempo. En cualquier caso, los derechos del actual ETS1 no serán intercambiables con el futuro mercado de emisiones de coches y edificios, en el que fijará dicho tope. En estos momentos, estos cotizan por encima de los 80 euros/tonelada.
Según subraya el ministerio que dirige Sara Aagesen, “la norma actualiza las reglas aplicables a las instalaciones industriales y de generación eléctrica; adapta el régimen de la aviación e integra plenamente el transporte marítimo en el sistema europeo”. En el caso de la industria y la generación eléctrica, el nuevo marco establece una reducción de las emisiones del 62% en 2030 respecto a 2005 e incorpora tecnologías limpias, como la producción de hidrógeno renovable.
Entre las empresas españolas afectadas circula el rumor de que Bruselas podría aplazar la creación del nuevo mercado de emisiones, a la vista de las presiones que está recibiendo de países como Italia, y otros que consideran que no es el momento adecuado para provocar nuevas subidas de precios de la energía. Sin embargo, el sistema cuenta con el apoyo de Alemania.





